Nota editorial: El 16 de agosto, Sudáfrica conmemoraba el décimo aniversario de la "Masacre de Marikana". El crimen marcó un trágico punto de inflexión para el país, revelando cómo la violencia letal de corporaciones y estado contra el pueblo estaba arraigada en la Sudáfrica democrática, como lo había estado durante el Apartheid. Este artículo forma parte de la serie "Marikana 10 años después", publicada por el socio de Agencia, Africa Is A Country, en el décimo aniversario de aquella desgracia.

Si se tuviera que escoger un momento en el que la narrativa de la Sudáfrica post-apartheid como una nación que, con todos sus defectos, aun así generalmente avanzaba a trompicones en la dirección correcta, se agotó; ninguno destacaría tan claramente como la Masacre de Marikana. La tarde del jueves 16 de agosto de 2012, treinta y cuatro mineros en huelga en una mina de platino en la Provincia del Noroeste fueron abatidos por la policía ante una transmisión televisiva en directo.

A lo largo de los diez años transcurridos desde la masacre, el país ha empobrecido (el PIB per cápita ha descendido de algo más de 8.000 dólares a menos de 7.000), las funciones básicas de gobierno han colapsado en grandes extensiones del país, el movimiento obrero se ha visto debilitado y dividido, y la amenaza de violencia política contra activistas es cada vez más flagrante. Esta última cuestión es aún más evidente si se tiene en cuenta que, desde la masacre, han sido asesinadxs al menos 22 minerxs o activistas sindicales de Marikana y el llamado Cinturón del Platino, como detallan Luke Sinwell y Nicholas Smith. La violencia actual surge en el contexto de un deterioro de la economía, cuya prueba más evidente es la vertiginosa subida de la tasa de desempleo—cerca ahora al 50 por ciento. Por su parte, las condiciones de las comunidades del Cinturón del Platino no han hecho más que empeorar.

En setswana, "Nkaneng", el nombre del asentamiento improvisado en el que viven los trabajadores de la mina de Marikana y sus familias, significa literalmente "lugar difícil", un significante mordaz de las desperdigadas tierras del Cinturón del Platino que aún carecen de los servicios municipales más básicos. Ésta es una de las miles de comunidades de este tipo que hay en el país, en las que la gente sigue esperando las viviendas solicitadas al llegar la democracia en 1994.

Cada semana trae noticia de alguna nueva atrocidad. La Insurrección de Julio del año pasado (en la que aliadxs y partidarixs del desprestigiado ex presidente Jacob Zuma paralizaron el país mediante un sabotaje económico) reflejó cómo el país se enfrenta a la creciente amenaza que suponen las mafias políticas y la derecha etnonacionalista, cuestiones que el Estado impotente evidentemente no está equipado para gestionar. Frente a esto, la izquierda política se ha vuelto, si cabe, aún más fragmentada e impotente. ¿Qué tiene que ver todo esto con Marikana?

Si uno se preguntara cómo hemos llegado a la Sudáfrica de 2022 después de la toma del Estado, la Insurrección de Julio, la tragedia de Life Esidimeni (la denominada ‘Marikana médica’), el confinamiento, la brutalidad policial necesaria para hacer cumplir normativas asburdas y los apagones frecuentes; Marikana sería un buen punto de partida.

Marikana fue el momento en el que las principales instituciones de la democracia sudafricana—no solo el Estado—fallaron. Éste incluye los días previos a la masacre, en los que se produjeron 10 asesinatos derivados de la creciente tensión en la mina: seis mineros, dos guardias de seguridad privada de Lonmin y dos agentes de policía. Fue la peor masacre de este tipo bajo el orden democrático, en la que la policía (afiliada a la misma federación sindical que muchos de los mineros en huelga) disparó a trabajadores bajo los auspicios del gobierno del Congreso Nacional Africano (CNA), que prometía un futuro mejor para la clase trabajadora.

La principal aportación redentora de la Comisión Farlam, que fue creada para investigar los asesinatos de Marikana y costó al país unos 153 millones de rands (9 millones de dólares), fue su recopilación de pruebas relevantes para explicar las causas de la masacre, en las que se puede encontrar alguna inculpación a Lonmin y a la policía. En sus seminarios públicos, que formaban parte de la segunda fase de la Comisión, dedicada a investigar las causas raíz de la masacre de Marikana, las presentaciones de expertxs detallaron el problema crónico de sindicatos como el Sindicato Nacional de Minerxs (NUM) en no asumir las reivindicaciones de sus miembros y la insuficiencia del marco normativo laboral del país para abordar las condiciones de trabajo de los mineros.

Como señala Shaeera Kalla en esta serie, el informe final es testimonio de la avaricia de Lonmin (la propietaria de la mina), confirmando que Lonmin infringió la ley y no cumplió con su obligación legal de proporcionar vivienda a sus empleadxs según su Plan Social de Trabajo, una condición que aceptó para obtener sus derechos a minar.

Pero a pesar de las pruebas de problemas estructurales subyacentes, la comisión consideró que la decisión de los mineros de hacer una huelga fuera del marco legal de negociación fue la causa principal de la masacre. El texto insistía repetidamente en que la huelga era "ilegal" y en que lxs huelguistas blandían armas peligrosas, contraviniendo la Ley de Armas Peligrosas, y promovió el relato del Estado según el cual los mineros constituían una turba amenazante e ingobernable que había participado en rituales de muti (brujería) para prepararse ante el enfrentamiento con la policía.

Tras la atrocidad, con algunas excepciones notables, la sociedad civil—ONGs, medios de comunicación, movimientos sociales y sindicatos—no exigió al gobierno que rindiera cuentas ni ofreció una solidaridad significativa a las víctimas de la masacre, optando por el silencio o, en algunos casos, reproduciendo activamente las justificaciones del Estado. El fracaso de los medios   es aún más imperdonable, teniendo en cuenta que la matanza se retransmitió en directo por televisión.

En cambio, fue la labor de unxs pocxs periodistas e investigadorxs perseverantes la que permitió que la historia real de lo acontecido aquel día fuera revelada al público. El documental Miners Shot Down y los relatos de la Comisión Farlam tardaron aún más en  cambiar la conciencia pública sobre lo que ocurrió aquel día. Aun así, la intención explícita del Estado de acallar estos relatos se mantuvo, en parte a través de intentos de cultivar la amnesia política. En un acto de protesta y solidaridad, en agosto de 2016 se proyectó el documental en las paredes de las oficinas de la SABC en Sea Point, Ciudad del Cabo, mientras lxs ahí reunidxs exigían justicia.

Diez años después, la justicia sigue siendo esquiva para la mayoría de lxs supervivientes de Marikana. Si bien unas 35 familias han recibido indemnizaciones de aproximadamente 70 millones de rands (4 millones de dólares), un grupo mayor de más de 300 mineros heridos durante el tiroteo sigue intentando reclamar una indemnización de mil millones de rands (58 millones de dólares). El último avance ha sido la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia, en la que el presidente del país, Cyril Ramaphosa, podría ser considerado responsable de los sucesos que condujeron a la masacre por su papel tanto como accionista de Lonmin como por su cargo de  vicepresidente (ocupado durante cuatro años bajo el mandato de Jacob Zuma), pero no por las muertes. Sin embargo, demostrar su responsabilidad civil dependerá de los mineros y sus posibilidades de hacerlo en los tribunales, algo que será difícil de hacer. De tener éxito contradiría a la comisión Farlam en la exoneración de Ramaphosa de cualquier responsabilidad en relación a la escalada de tensión y el eventual tiroteo.

También está en proceso el juicio por el asesinato de las cinco personas que murieron en Marikana el 13 de agosto de 2012—dos mineros y dos agentes de policía—y el juicio contra el ex subcomisario de policía de la provincia del Noroeste, el general de división William Mpembe, y otros agentes de policía. Mpembe y sus compañeros se enfrentan a cinco cargos por asesinato e intento de asesinato, así como a la infracción de la Ley de la Comisión por proporcionar información falsa en la comisión de investigación. Pero diez años después, el interés público ha quedado prácticamente disuelto. En este caso, la vieja máxima jurídica no podría ser más cierta:  la justicia retrasada es justicia denegada.

Y mientras se libran batallas políticas a través de prolongados procesos judiciales (nunca sin la  presencia de Dali Mpofu, la versión sudafricana de Saul Goodman—menos las victorias legales), lxs trabajadorxs del Cinturón del Platino se enfrentan a la explotación continua, a un gobierno disfuncional, a la violencia política, a la pobreza material y a los continuos esquemas de préstamos depredadores de los mashonisas (usureros, o prestamistas) y de empresas de préstamos que arraigan los ciclos de endeudamiento e inseguridad.

Los mecanismos correctores de la democracia, desde la Fiscalía Nacional hasta el Parlamento, no han conseguido que el gobierno y la policía rindan cuentas. Esto incluso cuando una investigación posterior determinó que el antiguo Comisario de Policía—Riah Phiyega—debía ser considerado responsable de la muerte de los 34 trabajadores de la mina por haber dirigido la respuesta policial. Ningún agente de policía ha sido acusado por los disparos. En muchos aspectos, la policía es ahora más violenta e incompetente que nunca.

Una honesta reflexión sobre los últimos diez años deja claro que Sudáfrica no ha sabido enfrentarse al legado de la masacre. Al fin y al cabo, Cyril Ramaphosa llegó a ser presidente, a pesar de su cuestionable conducta en el entramado. Otro triste reflejo de la pusilánime reserva de líderes de la que se puede elegir.

Para muchxs, la masacre fue el momento en el que se quitaron las anteojeras y las injusticias y contradicciones subyacentes que han frenado el desarrollo de la democracia sudafricana se revelaron en toda su cruda brutalidad. La falta de indignación pública tras la masacre, la ausencia de protestas masivas y solidaridad sigue siendo causa de vergüenza, incluso cuando lxs trabajadorxs del Cinturón del Platino protagonizaron una de las mayores huelgas salvajes de la historia de Sudáfrica.

Es en gran parte por esta razón que, para la clase trabajadora de Sudáfrica, Marikana ha llegado a ser un potente símbolo de resistencia, usado por estudiantes manifestantes, trabajadorxs en huelga y comunidades que practican la ocupación de tierras. Más allá de la oleada de huelgas masivas en el Cinturón del Platino, Marikana también impulsó el nacimiento oficial de lxs Combatientes por la Libertad Económica (EFF), plataforma fundada el 13 de octubre de 2013 en Marikana, presentándose como el verdadero partido de lxs trabajadorxs (actualmente es el tercer partido más grande en el parlamento sudafricano). Sin embargo, aunque lxs EFF han intentado presentarse como el partido con las convicciones morales más robustas en cuestiones de justicia socioeconómica, la saga protagonizada por el saqueo del banco VBS revela que, al igual que el CNA al que tanto critican, la cúpula de lxs EFF está muy dispuesta a robar millones a lxs pobres para financiar sus extravagantes estilos de vida. No obstante, las huelgas de Marikana influyeron e inspiraron otros movimientos de trabajadorxs, como las huelgas de trabajadorxs agrícolas en De Doorns, en el Cabo Occidental, de 2012-13, que movilizaron a más de 9.000 participantes en su misión por mejorar condiciones laborales.

Como hemos visto sobre todo en el caso de Colombia, tratado en una nueva serie para Africa is a Country sobre las lecciones de América Latina para el continente africano, la resistencia y la organización pueden construir poder incluso bajo la amenaza de las formas más extremas de represión política. Las acciones de los mineros de Marikana han demostrado que buscan una vida mejor, tal y como se les promete en la Constitución, y no simplemente los aumentos salariales simbólicos del uno o el dos por ciento. Marikana demuestra que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible una movilización y organización eficaces, ya que lxs trabajadorxs de las demás minas del Cinturón del Platino optaron por unirse y ampliar la huelga en lugar de lamentarse en silencio o rendirse. Es este extraordinario momento el que proporciona un grito de guerra para aquellxs que desean ver una Sudáfrica más justa e igualitaria.

Benjamin Fogel es editor y colaborador de Africa is a Country y Jacobin.

Dr. Claire-Anne Lester es profesora de sociología en la Universidad de Stellenbosch.

Foto: Stanislav Lvovsky / Flickr