“Punto de Partida”, la nueva iniciativa política surgida desde la oposición al gobierno actual presentado por una agrupación llamada Méxicolectivo, que reúne a exfuncionarios, miembros de partidos políticos, políticos sin partido, académicos e integrantes de organizaciones, carece de un aspecto central en un proyecto que pretende defender y fortalecer la democracia.

La iniciativa presentada revela su incapacidad de defender una verdadera democracia ante la ausencia total de una definición de principios contra la captura de la propia democracia por parte de los intereses económicos. Las administraciones anteriores fueron una manifestación clara de la captura del Estado y la enorme corrupción y contubernio entre los poderes políticos y económicos, entre el partido político y las élites empresariales. Al no abordar, ni mencionar en una frase simple, el conflicto de interés y la captura de la política por sectores empresariales corporativos, la iniciativa “Punto de Partida”, puede leerse como un regreso a esa captura.

Ni el diagnóstico ni las propuestas en el documento “Punto de Partida,” elaborado, se dice, por grupos de trabajo que se reunieron durante meses, abordan el tema del ejercicio de la democracia frente a los poderes fácticos que gobernaron nuestro país. Estos poderes fácticos, representados por organismos empresariales como el CCE y el CNA a la cabeza, definían y redactaban leyes, reglamentos y normas a su beneficio, recibiendo enormes concesiones de recursos naturales y territorios, siendo beneficiados por condonaciones multimillonarias de impuestos durante sexenios. Poderes fácticos que, en la práctica, gobernaron en contubernio con el Poder Ejecutivo, obteniendo grandes beneficios a costa de graves externalidades, graves daños ambientales, de salud y culturales.

No es de llamar la atención que el conflicto de interés y la interferencia de los poderes económicos sean ignorados intencionalmente en esta especie de manifiesto, si revisamos parte de los convocantes: exfuncionarios y legisladores que han actuado sirviendo a esos intereses en perjuicio de los intereses colectivos, de los bienes comunes. Estos aspectos ignorados intencionalmente nos hablan del peso, en esta propuesta, del sector oligárquico empresarial que dominó este país durante varias administraciones y que el actual gobierno desplazó. La pérdida de poder de este sector para determinar la política, es un hecho objetivo que se debe reconocer a esta administración, se esté en contra o a favor de ella.

Destacamos en esta listas un exsecretario de Salud que en su momento realizó acuerdos con la industria tabacalera a pesar de que el gobierno mexicano había firmado el Convenio Marco para el Control del Tabaco que establecía la prohibición de cualquier vínculo de los poderes políticos con esa industria, hecho que le costó muy caro, la candidatura a presidir a la OMS, como se reconoció internacionalmente (https://cutt.ly/d3tndrX); otro exsecretario de Salud provenía de una familia que creó su riqueza en la industria del alcohol y que había contribuido a que en México no exista ni un Programa Nacional frente al consumo de alcohol, además de haber creado el organismo ConMéxico, que destacó por haber bloqueado cualquier política recomendada por la OMS para atacar las epidemias de obesidad y diabetes, así como del alcohol; y, otro exsecretario de Salud que  declaró emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes, sin haber implementado ningún programa como es obligatorio cuando se hacen estas declaraciones, mientras mantenía a la industria de la chatarra y las bebidas azucaradas en un observatorio para evaluar las políticas de obesidad.

Los tres exsecretarios que aparecen como parte de Mexicolectivo formaron parte del grupo de los 6 exsecretarios de Salud que en 2020 anunciaron que controlarían la epidemia de la Covid-19 en ocho semanas. Los tres exsecretarios protegieron los intereses de estas empresas (tabaco, alcohol, comida chatarra y bebidas azucaradas), llamados los determinantes comerciales de la salud, que son consideradas las principales causas de enfermedad y muerte en nuestro país.

Es así, que no llama la atención que el documento “Punto de Partida” no tenga mención alguna al conflicto de interés y a la interferencia de las corporaciones en el qué hacer político, si consideramos la presencia de diversos personajes que han estado en contubernio con estos poderes económicos. Lo que sí llama la atención es ver en la lista de convocantes y firmantes personas que han tomado compromisos con la defensa de diversos derechos humanos y de políticas que han enfrentado estos intereses. Es decir, se mezclan diversas posturas con lo que se presenta como un fin común: la democracia. Sin embargo, ¿ese fin puede excluir el asunto primordial de que no existe democracia sin una regulación efectiva del conflicto de interés en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial? ¿Puede aspirarse a una democracia sin que existan las regulaciones efectivas para evitar que los intereses de las grandes corporaciones se impongan sobre los intereses colectivos, sobre el bien común?

En los tres poderes existen lineamientos, guías éticas, para impedir el conflicto de interés y evitar la interferencia de los intereses privados. Sin embargo, ¿cuántas iniciativas en el Poder Legislativo, cuántas sentencias en el Poder Judicial y cuántas regulaciones y políticas se han implementado en el Poder Ejecutivo en que los actores involucrados (legisladores, jueces o funcionarios) hayan declarado su conflicto de interés y, en consecuencia, se hayan abstenido de participar? Al contrario, hemos sido testigos de todo lo contrario: legisladores, jueces y funcionarios actuando a favor de corporaciones e intereses económicos particulares con los cuales han tenido algún tipo de relación. Y estas acciones suelen traer graves consecuencias para la población. Gracias a esa captura se ha entregado cerca de la mitad del territorio nacional a la exploración minera, se dispararon las concesiones de agua para las industrias de bebidas durante la administración de un presidente que había sido empleado de estas empresas, se aprobaron leyes, regulaciones y normas para favorecer a estas industrias y, sobretodo, se bloquearon políticas urgentes para la protección de la salud, del medio ambiente y para combatir las desigualdades.

No es de sorprender, entonces, que en la sección “Salud, Educación y Cultura” del documento “Punto de Partida” no se menciona, por más breve que sea el texto, la necesidad de avanzar en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles a través de las políticas recomendadas para reducir el consumo de productos que dañan la salud y que no se señale como la peor amenaza a la salud de los mexicanos y el mayor problema de salud pública: el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

Mencionamos el ámbito de la salud, pero puede mencionarse todo el mundo relacionado con el extractivismo, por un lado, y por otro, la profunda desigualdad. En la sección “Pobreza y Desigualdades”, a pesar del título, no se aborda la realidad de la concentración de la riqueza y menos aún una mención, por más breve que sea, de las políticas fiscales para enfrentarlas con un ajuste de impuestos a los más ricos, lo que claramente deja ver la influencia de ese sector en esta iniciativa.

La coincidencia en la diversidad se podrá dar si, al menos, las mismas propuestas estén libres de conflicto de interés y de la interferencia de intereses económicos. Si éstos poderes económicos, corporativos, capturan las propuestas, no podrá haber el mínimo piso parejo para encontrar coincidencias. La propuesta de “Punto de Partida” pareciera ser, en este aspecto, un “Punto de Retorno” a la captura del Estado por los intereses corporativos.

Alejandro Calvillo

https://www.sinembargo.mx/author/calvillo

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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