28/02/2024 (Ciudad de México). A raíz de los reportajes publicados en medios internacionales que asumen sin pruebas un posible financiamiento del narcotráfico a sus campañas presidenciales en 2006 y 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha acusado a la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de participar en una campaña en su contra, interviniendo a través de ello en las elecciones por medio de “la calumnia”.

¿Cuál es la veracidad del argumento del presidente? En otras palabras, ¿cuál es la posibilidad de que la DEA quiera intervenir en las elecciones de nuestro país? En este texto, trato de responder a estas preguntas a través de tres ejemplos de prácticas ejercidas por la DEA que se podrían clasificar como intervencionistas, las cuales han tenido consecuencias negativas en la violencia y la impunidad en nuestro país, particularmente en torno al rubro del combate al narcotráfico.

La DEA fue creada en 1973, dos años después de que el presidente norteamericano Richard Nixon declarara su “guerra contra las drogas”. Su constitución marca un antes y un después en el prohibicionismo de Washington que desde principios del siglo XX impulsó fervientemente hacia el resto del mundo, pues, a partir de su llegada, el tono punitivista de sus políticas antinarcóticas fue ascendiendo.

Desde el inicio, la DEA asumió el papel de coordinar los esfuerzos diplomáticos de la lucha contra el narcotráfico, particularmente en el entrenamiento antinarcótico de corporaciones en el extranjero y el intercambio de traficantes de drogas locales por “beneficios” brindados por el gobierno de Washington. De acuerdo con Carlos Pérez Ricart en su libro “Cien años de agentes y drogas”, desde un inicio la DEA participó en misiones encubiertas en nuestro país sin respetar la ley mexicana, ni informar a nuestro gobierno sobre sus operaciones, como siempre han indicado los acuerdos bilaterales en la materia.

La influencia que ejercía la agencia en México no hizo sino incrementarse conforme avanzaban las políticas punitivistas norteamericanas durante el último cuarto del siglo pasado, sobre todo a partir del asesinato del agente asignado a las oficinas en suelo mexicano, Enrique Kiki Camarena, ocurrido en 1985.

Luego de que Washington acusara a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de asesinar al agente en contubernio con el Cártel de Guadalajara, el gobierno mexicano se vio obligado a cerrar la corporación de inteligencia considerada la más importante del país. A pesar de que esta acción sentó un precedente en el intervencionismo de Washington en la seguridad pública de nuestro país, no debe obviarse que la desarticulación de la DFS se facilitó por el historial de corrupción y de crimen que pesaba sobre ella.

Posteriormente, dos detenciones de presuntos participantes en el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena colocan de relieve la capacidad de la DEA para actuar arbitrariamente en nuestro país: la “detención” de René Verdugo Urquídez, narcotraficante de Mexicali que fue acusado por la muerte Camarena, y de Humberto Álvarez, médico acusado de haber suministrado los medicamentos necesarios para mantener vivo a Camarena durante su tortura. Ambas detenciones ocurrieron de manera extrajudicial en suelo mexicano y en condiciones por lo menos cuestionables diplomáticamente, pues violaban los tratados de extradición mantenidos entre ambos países.

En el caso de René Verdugo Urquídez, las autoridades norteamericanas recurrieron a evidencia apócrifa para acusarlo, por lo que fue liberado por una orden judicial en 2017. Esto luego de 33 años de que un grupo formado entre agentes de la DEA y policías a sueldo provenientes de la Judicial Estatal de Baja California lo secuestrara en 1986 en nuestro territorio y lo trasladara de manera ilegal al país vecino del norte, donde sería procesado judicialmente.

En el caso de la detención de Humberto Álvarez Machaín, ocurrida en 1990, la DEA habría contratado a un grupo de expolicías y exmilitares mexicanos, quienes secuestraron al médico y lo trasladaron a Estados Unidos en un avión privado que despegó de una pista clandestina hacia El Paso, Texas. El grupo de policías fue premiado con la residencia norteamericana, mientras que Álvarez Machaín saldría de prisión en 1992, luego de comprobar que su detención violó el derecho internacional vigente.

Otro caso que resalta la unilateralidad en el actuar de la DEA es el de la “Operación Casablanca”, que fue implementada en México entre la agencia antidrogas y el Departamento del Tesoro Norteamericano. Esta operación dio inicio en 1995 con el objetivo de rastrear y confiscar los recursos provenientes de Cártel de Juárez y el Cártel de Cali lavados a través de operaciones bancarias.

Esta operación desató protestas del gobierno mexicano encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) debido a que el presidente no se enteró de la investigación sino hasta que concluyó, tres años después, con la confiscación de 110 millones de dólares y el procesamiento de, al menos, 14 empleados de banco. Después de que el gobierno mexicano protestara por el actuar unilateral de la DEA logró que se procesara a parte de los acusados en territorio mexicano.

Otro asunto controversial en torno al actuar de la DEA en el exterior ha sido la consolidación y el entrenamiento de unidades especializadas en el combate al narcotráfico, la mayoría de las veces con poca o nula supervisión cuando éstas se ponen en marcha. Un programa muy amplio que buscó este objetivo fue la creación de las Unidades de Investigaciones Sensibles (SIUs, por sus siglas en inglés), implementado en México desde los años noventa.

Precisamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador disolvió en 2021 una SIU que aún prevalecía en la Fiscalía General de la República, acusándola de corrupción. Al respecto, conviene recordar cuando la filtración de información sensible proveniente de la SIU de la Policía Federal (PF) desencadenó la Masacre de Allende, Coahuila, en 2011.

A pesar de que contra la SIU existían sospechas de corrupción, la DEA decidió compartir con ella la información de dos líderes de Los Zetas. Se trataba de los números de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, y de Omar Treviño Morales, alias el Z-42, los cuales habían surgido en una investigación de la agencia norteamericana.

Esa información llegó a oídos del Z-40 y el Z-42, quienes sospecharon de tres miembros de la organización que provenían de Allende, Coahuila. A raíz de la sospecha, los líderes de Los Zetas ordenaron atacar al poblado, asesinando y desapareciendo al menos a 300 personas, según los cálculos de algunas organizaciones sociales (aunque la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila registró sólo 42 desapariciones).

Estos son sólo tres ejemplos que evidencian la tendencia intervencionista de la DEA, tanto en las políticas de seguridad pública, como en la política nacional, mismos que tuvieron repercusiones relacionadas con el cuestionamiento a la soberanía nacional, así como el aumento de la violencia y la impunidad en México.

No se considera la intervención “legal” de la DEA, la cual se hizo con pleno respaldo de nuestros gobiernos, como la transferencia de tecnología especializada en el combate al narcotráfico o la apropiación de técnicas de investigación por las corporaciones mexicanas, con todo y los vicios que éstas conllevan. Baste por ahora observar la intención histórica de la DEA y el gobierno de Washington de intervenir en la política y las corporaciones mexicanas a través de las acciones antinarcóticas, y así considerarla a la luz de los señalamientos del presidente AMLO en contra de la corporación antidrogas más importante y poderosa del mundo.